Si la legalizan

¿Se acabará el narcotráfico?

Escribe: Ben Solís. // Foto: Gettyimages.
Para muchos, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos, la guerra contra el narcotráfico se está perdiendo. Hay, por supuesto, capturas de burriers y comercializadores, confiscaciones de cargamentos, descubrimientos de plantaciones, pero el problema de fondo persiste. Ante esto, algunas voces solitarias de economistas –que incluyen a un premio Nobel– han propuesto como solución a la lacra del narcotráfico la legalización de la marihuana.

Primero, el mercado de la marihuana no es un lugar físico.Las transacciones se dan en los lugares menos pensados, desde la esquina de un parque hasta el baño de la fiesta más exclusiva.El mercado, económicamente, es la interacción de los que quieren y los que ofrecen un producto.Para caracterizar este mercado,primero debemos ubicar tres agentes: los demandantes, los ofertantes y el Estado. Los primeros son todos aquellos dispuestos a pagar una determinada cantidad de dinero por una determinada cantidad de cannabis. ¿De qué depende la demanda de un producto? Como cualquier cosa que se vende en una tienda, del precio (a mayor precio, menor cantidad demandada); pero quizá también de otros componentes sociales y personales. En todo caso, al tocar el tema de las drogas, es de importancia aquello que los economistas llamamos «elasticidad de demanda». Por extraño que suene el término, se refiere a cuánto varía el consumo de un producto cuando su precio se modifica. A diferencia de algunos alimentos o bienes accesorios, cuyo consumo podría reducirse drásticamente ante incrementos en los precios, las drogas son el ejemplo de libro de texto de un bien inelástico: el individuo persiste en su nivel de consumo a pesar de que el dealer le suba los precios.

Por el lado de la oferta, aunque podríamos entrar en los detalles de la cadena de producción y distribución de la marihuana, desde el punto de vista económico lo más importante quizá sea la ilegalidad de la oferta. Y aquí entra el Estado. Este decreta su ilegalidad, renunciando a su regulación y al cobro de impuestos. Por el contrario, gasta importantes cantidades de dinero en combatirla. El último asunto es importante porque–como bien dicen Becker, Murphy y Grossman (2004), el primero de ellos un octogenario que ganó el Premio Nobel de Economía en 1992– el precio al cual se venden las drogas ilegales incluye un costo no monetario relacionado al riesgo de incurrir en una actividad ilegal. En pocas palabras, las organizaciones criminales son compensadas por el riesgo que asumen en sus actividades a través de precio altos.

En Canadá, por ejemplo, según el economista Stephen T. Easton, una unidad de marihuana (0.5 gramos) cuesta $8.60 en las calles, mientras que su costo de producción es de apenas $1.70. Los casi siete dólares de utilidad por cada unidad, un margen impensable en la mayoría de industrias, pueden ser casi íntegramente atribuidos a este componente de ilegalidad. Si la actividad fuera legal, márgenes tan grandes atraerían empresas a producir el producto, hasta llegar a un escenario más competitivo. Por el contrario, lo que el Estado consigue con su prohibición, lejos de desincentivarlo, es encarecer el producto, lo cual genera precios y rentabilidades altas.

Los efectos de una posible legalización

En primer lugar, el Estado dejaría de destinar recursos a la persecución de productores y comercializadores. Los detractores dirían que siempre persistirá un mercado negro, pero ciertamente será menor y puede ser combatido con menores esfuerzos. Evidentemente, el Estado también tendría que regular la calidad y las licencias a las empresas que decidieran producir y comercializar el producto. Su venta tendría que estar circunscrita a farmacias y previa presentación de una identificación como mayor de edad.

Como el lector puede imaginarlo, dados los interesantes márgenes de ganancia y el estatus legal del negocio, más empresas entrarían en competencia por el mercado, por lo cual el precio disminuiría. Recordemos que antes el precio incluía todos los costos asociados a realizar una actividad ilegal, los cuales ahora ya no existen. En el ejemplo canadiense, el precio caería hasta acercarse al costo de producción de $1.70.

El problema aquí es que una política que reduce los precios de la droga no parece la estrategia más popular para luchar contra ellas. Desde la teoría económica, la caída en el precio de la droga no debería preocuparnos, pues como he explicado, las variaciones en el precio afectan poco el consumo. Sin embargo, este parece ser un argumento que funciona más en un sentido que en el otro. Si el precio sube, quienes ya la consumen no dejarán de consumirla y la cantidad demandada se mantendrá casi inalterada. Pero si el precio baja–como hemos dicho que pasaría si se legalizara– y por tanto la marihuana se hace más asequible a cualquiera, ¿el consumo podría mantenerse intacto? No parece muy probable.

Como en muchos asuntos, los economistas no parecen ponerse de acuerdo. Algunos dicen que el precio no es lo único que determina la demanda de cannabis, y que por el contrario existe otro componente –de moralidad o preferencias individuales, si se quiere– que hace que la gente no consuma drogas aunque estuvieran baratas. En todo caso, esto parece verse reafirmado por la información para Perú brindada por CEDRO. Para el año 2010, al26.4% de la población entre 12 y 64 años le fue ofrecida marihuana, pero solo 5.6% la habían consumido en su vida.

La buena noticia es que nuestra discusión no se encuentra entrampada. Precisamente Gary Becker, el economista premio Nobel del año 1992, ha encontrado una solución interesante a través de la tributación. Supongamos que el Estado aprueba un impuesto adicional a las unidades de marihuana: el ISCC (Impuesto Selectivo al Consumo de Cannabis). No es algo ajeno a la política tributaria, ya que actualmente existe el ISC para bebidas alcohólicas y tabaco, una práctica que puede ser rastreada hasta el virreinato cuando existían los gravámenes a los naipes, el aguardiente y el tabaco. En esta línea, el economista Jeffrey A. Miron de la Universidad de Harvard estimó en 2008 que, aplicando las tasas de impuestos del alcohol y el tabaco, Estados Unidos podría recaudar alrededor de US$ 6.7 mil millones por año por concepto de impuestos al cannabis (y US$32.7 mil millones si se gravaran la heroína, cocaína y otras drogas).

En todo caso, en nuestro escenario hipotético, el ISCC podría ser lo suficientemente alto como para alcanzar el nivel del precio antes de la legalización. Con esto, el Estado obtendría incluso más recursos y podría constituir un fondo destinado a financiar actividades de prevención. Lo más importante de esta medida es que no tendríamos que preocuparnos porque, incluso después de la legalización, lo que tenemos es una industria ordenada y regulada que además cobra los mismos precios de siempre, por lo cual el consumo se vería inalterado.

No obstante, algunos detractores afirman que, incluso cuando el precio de la marihuana se viera inalterado por efecto del nuevo impuesto, su consumo se incrementaría por el solo efecto del cambio de estatus. El argumento consiste en que al legalizarla, el Estado de cierta forma consiente su consumo y lo hace ver menos malo.

La evidencia internacional

En Portugal, Greenwald (2009) identifica que, tras la descriminalización delas drogas en el año 2001, el uso, adicción y enfermedades relacionadas–como el número de casos nuevos reportados de VIH entre drogadictos– se mantuvieron iguales o incluso mejoraron en algunos casos. Luego de la descriminalización, Portugal registró la menor tasa de uso de marihuana en la Unión Europea: 10%. El indicador más comparable que tenemos para el caso de Estados Unidos–que cuenta con leyes más severas–es de prevalencia de vida ascendiente al 39.8% de personas mayores de 12 años.

Sin embargo, quizá el caso que más mira el mundo es el de Holanda, país que se decidió por la legalización de la venta de drogas blandas. En dicho país, la venta de cannabis (y derivados) está permitida en los llamados coffee shops, lo que trae una mayor fiscalización y–en teoría– menor exposición del consumidor a drogas duras. En el año 2009, el 77% de las municipalidades en Holanda no contaba con un coffee shop en su ciudad, principalmente porque las municipalidades pueden disponer sus propias políticas y regulaciones con respecto a estos establecimientos.

De acuerdo al Reporte de Monitoreo Nacional de Drogas de Holanda (2010), el uso de cannabis entre adultos se habría mantenido relativamente estable entre 1997 y 2001, notándose ligeros incrementos luego de dicho año (efecto que, a partir de 2009, podría deberse a un cambio de metodología que favorece el carácter anónimo de la encuesta). Entre alumnos de 12 a 16 años durante el periodo 2001-2009, la tendencia es inobjetablemente decreciente. Finalmente, en la comparación europea del indicador de uso de cannabis en población de 15 a 64 años, Holanda se encuentra, con 26%, por debajo de países como Italia (32%), Francia (31%) y España (27%); aunque muy por encima de otros países como Austria, Finlandia, Portugal,Grecia y otros.

A manera de conclusión

A lo largo del artículo, quizá el lector haya tenido la sensación de que se ha mencionado droga y marihuana de forma indistinta, cuando en realidad no son lo mismo. Aunque muchos economistas no tienen problemas con extender el análisis incluso a drogas duras, creo que solo en el caso del cannabis podemos obtener conclusiones robustas, principalmente por dos diferencias con las drogas duras. Una primera diferencia es que el cannabis, como la ONU reconoce en su reporte de drogas 2012, es de producción fácil, y las demandas se abastecen principalmente de forma local. En el caso de otras drogas, sobre todo las que nos afectan más por ser derivadas de la cocaína, su cadena productiva involucra redes de narcotráfico internacional y complica el análisis. Una segunda distinción es que la marihuana parece generar un mayor consenso en cuanto a que no es una droga tan nociva como las cocaínicas o metanfetaminas, por lo que su costo social en salud podría ser limitado.

Al margen de esto último, y aunque para algunos economistas la receta parece ser «legalícenlo, regúlenlo y háganlo tributar», la solución al narcotráfico de cannabis parece ser más complicada, debido al tinglado de convenciones y acuerdos como aquellas ayudas internacionales o tratados de comercio que incluyen condiciones de lucha contra el narcotráfico mediante el método convencional. Recordemos que el antecedente del TLC con EEUU se llamaba ATPDEA (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga, por sus siglas en inglés).

Cuando uno revisa las opiniones al respecto, podemos advertir que la mayoría de economistas –incluyendo al desaparecido Milton Friedman, otro Premio Nobel– está de acuerdo con la legalización de las drogas debido a que su prohibición origina daños colaterales como corrupción, violencia y crimen, además de los altos costos de la infructífera lucha contra el narcotráfico. En suma, el argumento económico hace notar que una política agresiva de criminalización de la oferta, lejos de eliminarla, encarece el producto, lo cual–con una demanda inelástica–no es efectivo para disminuir el consumo. La solución más óptima desde dicho enfoque es legalizar la marihuana, hacerla tributar y atacar el problema del consumo a través de la demanda, haciendo campañas de sensibilización.Como hemos visto, en teoría parece fácil. En la práctica,
no tanto.